La familia de CEPES Aragón crece. La última incorporación ha sido la de Aradis, entidad promovida por Plena inclusión Aragón. ¿Cómo valoran en la organización que usted preside la entrada de la Asociación Empresarial para la Discapacidad Intelectual?
La verdad es que valoramos muy positivamente la incorporación de una entidad como Aradis. Es una organización muy potente que representa a toda la discapacidad intelectual, y que CEPES Aragón se vea enriquecido por esa rama de la discapacidad, es muy interesante.
¿Cómo puede contribuir la economía social a la inclusión laboral de un colectivo de tan difícil inserción, como es el de las personas con discapacidad intelectual?
La economía social es una buena vía para generar empleo inclusivo. Por eso yo creo que, en este sentido, la discapacidad intelectual tenía que participar en CEPES Aragón, pues las empresas que forman parte de Aradis son una pata y un pilar fundamental de la economía social aragonesa. No hay que perder de vista el hecho de que las plataformas que representan a la economía social también defienden los intereses de las personas con discapacidad, pues generan empleo inclusivo, con lo que contribuyen a que este colectivo pueda acceder a determinados puestos de trabajo, fomentando de este modo la igualdad. Todo eso es muy importante para lograr la inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual.
¿Es posible hacer rentable esta inclusión laboral a través de la economía social?
Hay que tener en cuenta que el foco de las actuaciones de la economía social, y su fin principal, es que, mucho más allá de buscar el lucro económico, tienen la ventaja o la especificidad de que trabajan por y para las personas. Entonces, esta manera de trabajar, aparte de los importes que se gestionen, aporta un beneficio bruto social que genera un impacto social bastante considerable. Las entidades de economía social están facturando en Aragón aproximadamente unos 3.355 millones de euros y, además de todo eso, generan un valor añadido bruto cifrado en más de 500 millones.
Una vía para la inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual que no está demasiado explorada es la del autoempleo. ¿Es también la economía social un ámbito apropiado para fomentar el emprendimiento en este colectivo?
Bueno, más que para hacerse autónomas, que también, la economía social es el camino más indicado para que estas personas busquen el emprendimiento colectivo. Yo creo que las plataformas como Aradis, que representan los intereses de las personas con discapacidad intelectual, y que velan por que estas puedan acceder a un empleo digno, también se encargan de trabajar para que estas personas no solo tengan mejoras en sus condiciones laborales y sus puestos de trabajo, sino para facilitar que puedan emprender de manera colectiva, a través de cooperativas u otras fórmulas de la economía social, y poder garantizarles de ese modo un empleo.
De hecho, en la pasada campaña para las elecciones autonómicas y municipales, CEPES Aragón pedía a las administraciones territoriales que apuesten por el emprendimiento colectivo. ¿Por qué?
La economía social está presente en todos los sectores económicos y aglutina a empresas de todos los tamaños que desarrollan múltiples actividades, como por ejemplo en el sector agroalimentario, en la educación, en los servicios sociales o los servicios culturales… Por eso, uno de sus rasgos distintivos es su transversalidad. Hay que apostar por el emprendimiento colectivo, a través del apoyo a la constitución de sociedades cooperativas, sociedades laborales y otros modelos configurados bajo la fórmula de la economía social. Hay que tener en cuenta que, en Aragón, más de 7.500 empresas y entidades, un 8,5% de todas las que existen en la comunidad, se enmarcan en la economía social. Generan igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, pues ambos participan al 50% en un sector que, además, resulta especialmente atractivo para los jóvenes. Los beneficios del emprendimiento colectivo dentro de la economía social están muy bien repartidos.
Está muy extendida una concepción de las personas con discapacidad intelectual como demandantes de servicios y de apoyos, pero también tienen mucho que aportar a la sociedad. ¿Cómo cree usted que puede contribuir el sector de la discapacidad intelectual a la economía social aragonesa?
En CEPES Aragón pensamos que todo suma y todo enriquece. Y creemos firmemente en el trabajo cooperativo, en el trabajo en red, en todas las personas con discapacidad y, concretamente, en las entidades y empresas que defienden sus intereses, pues tienen mucho que aportar. Por ejemplo, va a ser muy enriquecedor poder contar con la experiencia de estas organizaciones en la defensa de los derechos y la mejora de las condiciones laborales de este colectivo, y con su trayectoria en la creación de empleo inclusivo y en la formación específica de las personas con ese perfil. Asimismo, creo que la incorporación de Aradis nos va a venir muy bien para reforzar nuestra labor de sensibilización, a la hora de trasladar a la sociedad todo el valor que tienen estas personas, que son uno más y que están capacitadas para trabajar, igual que una persona que no tiene discapacidad. Al final, es un modo de incluir a las personas con discapacidad intelectual y normalizarlas dentro de la sociedad, y de aportar diversidad a las plantillas de las empresas, que eso también es importante.
Frente a la economía tradicional, que se rige por una competencia feroz, un rasgo distintivo de la economía social es la cooperación ente sus entidades. ¿Puede esa colaboración contribuir al avance en el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad?
Claro que puede contribuir, puesto que la economía social tiene una forma de trabajar, en el nivel interno de las organizaciones, caracterizada por una gestión democrática, en la que se pone el foco en las personas, y a todas ellas las tiene en cuenta. Esa forma de trabajo colaborativa y cooperativa es enriquecedora. Donde uno no llega, llega el otro. Y, al final, esa coordinación, ese trabajo desde lo colectivo, es lo que realmente hace rica a la economía social, ya no que no vela por un interés propio, sino por el interés común de todas las personas y todas las organizaciones que, en este caso, se aglutinan en torno a Cepes Aragón.
¿Qué papel debería jugar la economía social en las contrataciones públicas?
Llevamos mucho tiempo defendiendo la reserva de contratos públicos para la economía social, en coherencia con la ley 9/2017. Por ejemplo, mediante cláusulas o conciertos sociales, sobre todo para las empresas de inserción que trabajan con personas en riesgo de exclusión, y también para los centros especiales de empleo de iniciativa social, es decir, sin ánimo de lucro, que trabajan con personas con discapacidad. De hecho, una gran proporción de las personas con discapacidad intelectual que tienen trabajo, están empleadas en centros especiales de empleo. Así que este colectivo sería uno de los mayores beneficiarios de la reserva de contratos públicos para la economía social.
Muchas familias aragonesas de personas con discapacidad se ven obligadas a dejar su modo de vida en el medio rural, en busca de oportunidades y servicios en las áreas urbanas. ¿Puede contribuir la apuesta por la economía social a frenar la despoblación?
Las entidades de la economía social no se deslocalizan y permanecen arraigadas al territorio en el que nacen. Ahí generan empleo estable de calidad y permiten también que la gente que vive en ese territorio no se tenga que marchar a otros sitios, arraigando asimismo a la población. En ese sentido, la economía social es una aliada de las administraciones frente al reto demográfico, para luchar contra la España vaciada. Por eso, las administraciones deberían ofrecer más ayudas y apoyos a este tipo de empresas cuando se implantan en el medio rural. Y, cuantas más se implanten en él, más oportunidades habrá para que las personas con discapacidad intelectual y sus familias puedan permanecer viviendo en su entorno, sin necesidad de que tengan que abandonar su pueblo para marcharse a la ciudad.