Carta abierta de Plena inclusión Aragón a la Consejería de Salud del Gobierno de Aragón

Carta abierta de Plena inclusión Aragón a la Consejería de Salud del Gobierno de Aragón

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  • La asociación autonómica de entidades que trabajan para las personas con discapacidad intelectual denuncia la desprotección de los profesionales y de los usuarios de sus recursos residenciales, a quienes se niega la posibilidad de realizarse las pruebas diagnósticas para detectar posibles casos de covid-19 y evitar contagios
 
Plena Inclusión Aragón alerta sobre la desprotección de los trabajadores que realizan su labor con personas con discapacidad intelectual atendidas en los servicios residenciales de esta comunidad autónoma, y pide medidas inmediatas que posibiliten que los test de coronavirus lleguen a los profesionales que realizan su labor en estas residencias.
 
No podemos incorporar a trabajadores con síntomas compatibles con el covid-19, ni tampoco a otros que deban reincorporarse tras el periódico de cuarentena sin haberse hecho la prueba antes de ello. No podemos someter a los usuarios a una situación tan peligrosa para muchos de ellos, ya que un número importante de los residentes son personas con multipatologías, y otros cuentan ya con una edad avanzada y/o envejecimiento prematuro asociado a su discapacidad. 
 
Estamos en contra de situaciones como las que exponemos a continuación, que se produjo cuando un trabajador de una residencia se puso en contacto con el servicio de atención telefónica habilitado por los servicios sanitarios de Aragón. 
 
El trabajador solicitó que se le realizase un test por presentar sintomatología tras permanecer en casa en cuarentena. El operador del servicio le respondió que, dado que presta sus servicios en una residencia de personas con discapacidad, este colectivo no entra en el grupo de riesgo, ya que solo las residencias de ancianos tienen dicha consideración, por la edad de los residentes. Y le aseguró que no veía necesaria la realización de la prueba PCR de diagnóstico del coronavirus.
 
El trabajador le comentó al operador del servicio telefónico que entre los residentes con discapacidad intelectual hay algunos que cuentan además con problemas respiratorios o de corazón, y que algunos de ellos son también personas mayores.
 
El operador del servicio telefónico le pidió que se mantuviera a la espera, ya que iba a consultar si las personas con su perfil profesional eran o no candidatas a la realización del test PCR . Pasados unos cinco minutos, el operador le aclaró que, después de consultarlo, lo que tenía que hacer era reincorporarse al trabajo una vez terminados los 14 días de cuarentena
 
Es decir, que tenía que volver a trabajar a la residencia sin saber si era portador del virus o no, con el riesgo que esto puede suponer para los residentes y para el resto de la plantilla de su centro de trabajo. Plantilla que, cabe recordar, está prestando un servicio esencial como es el cuidado de personas dependientes, tal y como figura en el apartado 9 del anexo del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo.
 
Desde Plena inclusión Aragón, tampoco entendemos que a una usuaria que dio positivo se le levantase la cuarentena sin haberle hecho una prueba para cerciorarse de que el estado serológico de la paciente era negativo en covid-19.
 
No podemos admitir que solo cuando empiece a haber fallecidos se nos empiece a considerar.
 
En Plena inclusión Aragón creemos que, el hecho de que hasta ahora no haya habido ningún caso de fallecimiento por coronavirus entre nuestros residentes, solo uno confirmado entre los usuarios (ya ha pasado la cuarentena y está bien) y muy pocos casos entre los trabajadores (al menos, que presenten sintomatología evidente), no se debe solo a la suerte, sino a las medidas que las residencias que pertenecen a Plena inclusión Aragón han ido tomando. Y, sobre todo, estas cifras positivas son posibles gracias al esfuerzo de sus trabajadores, que están aplicando todas las medidas oportunas con los medios que tienen a su disposición.
 
No pedimos tanto, solo prevenir, y no lamentar.
 
La Administración pública dispone de información sobre la identificación de los recursos asistenciales y de apoyo a la autonomía personal de las personas con discapacidad, por lo que no hay excusa para no actuar con inmediatez, desplegando campañas de diagnóstico amplio en estos ámbitos de la atención social.
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