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- En el inicio del curso escolar, Plena inclusión reivindica más apoyos y accesibilidad para el alumnado con discapacidad intelectual y a través del despliegue del Plan de Educación Inclusiva aprobado por el Ministerio de Educación, pero que aún no se ha desplegado.
- Los centros educativos albergan a 183.882 estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) asociadas a discapacidad intelectual o autismo, un 57,6 % del total de este alumnado.
- Las familias de estos niños y niñas deben asumir un sobrecoste de más de 3000 euros anuales de media (por terapias y apoyos) que se suman a los 1.200 euros de gasto medio anual por alumno que asumen el resto de las familias.
Plena inclusión reclama al Ministerio de Educación el despliegue del Plan Estratégico de Educación Inclusiva, que debe incorporar medidas concretas para garantizar el derecho a una educación inclusiva de calidad para los más de 180.0000 estudiantes con discapacidad intelectual y del desarrollo (autismo, síndrome de Down y parálisis cerebral, entre otros) que esta semana inician un nuevo curso escolar.
Para Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión España, «una educación verdaderamente inclusiva exige de apoyos personalizados y recursos suficientes con los que asegurar la formación del profesorado y el personal de apoyo que se necesita en las aulas».
SOBRECOSTE: UNA REALIDAD INVISBLE
Miles de familias de estudiantes con discapacidad intelectual y del desarrollo deben enfrentarse, en el comienzo del curso escolar, al sobrecoste que para su limitado poder adquisitivo implica hacer frente a terapias y apoyos externos que requieren sus hijos e hijas. Este es el caso de la familia de Iván Lledó, padre de cuatro menores, dos de los cuáles tienen discapacidad intelectual y más necesidades de apoyo, que vuelven a las aulas en estos días.
Los hijos de Iván empiezan esta semana 5º y 6º de Primaria en un colegio concertado de la ciudad de Murcia. Lledó se muestra agradecido por la sensibilidad y profesionalidad del profesorado y la dirección del centro respecto a los ajustes que permiten la inclusión educativa de sus hijos. No obstante, señala la falta de ayudas públicas para el sobreesfuerzo económico que supone para el presupuesto de su familia cubrir las necesidades de apoyos especializados para sus dos hijos.
«Mis hijos de 11 y 9 años necesitan asistir cada semana a sesiones de logopedia, fisioterapia y apoyos educativos especiales, para las que se tienen que desplazar fuera del centro», afirma. «Estas terapias y el transporte cuestan 300 euros mensuales (más de 3.000€ al año) que debemos sumar al gasto por libros de texto, material escolar y transporte al centro que asume el resto de las familias al empezar un curso». Iván no olvida que gracias al apoyo incondicional que ha recibido en estos años de Astrapace, entidad de Plena inclusión Región de Murcia, la calidad de la vida de sus hijos en el centro escolar ha mejorado mucho.
«La realidad invisible que muestra, como un ejemplo de miles de familias de niños y jóvenes con discapacidad intelectual y del desarrollo, la vida de los hijos de Iván debería ser tenida en cuenta por las administraciones educativas. No podemos hablar de una auténtica inclusión en las aulas sin que se tengan en cuenta las necesidades de los apoyos especializados que demanda el alumnado con Necesidades Educativas Especiales», denuncia la presidenta de Plena inclusión España.
UN 57% DEL ALUMANDO CON NEE
Según las estadísticas correspondientes al curso 2024-2025, el sistema educativo español cuenta con 75.905 estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) asociadas a discapacidad intelectual, y 107.977 asociadas al autismo. En total, ambas realidades suman 183.882 estudiantes, lo que representa el 57,6 % del alumnado con NEE.
Plena inclusión considera imprescindible que el Plan Estratégico de Educación Inclusiva del Ministerio de Educación garantice apoyos personalizados durante toda la jornada escolar, así como medidas de accesibilidad cognitiva y comunicativa que permitan a todo el alumnado comprender, participar y beneficiarse plenamente de la actividad educativa.
La organización, que agrupa a más de 950 asociaciones en todo el país y presta apoyo a más de 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y a sus familias, recuerda que la inclusión educativa no puede limitarse a la escolarización en centros ordinarios, sino que debe garantizar el acceso al aprendizaje, la participación en la vida escolar y el desarrollo personal de cada estudiante en igualdad de condiciones.
Plena inclusión España reitera su disposición a colaborar con el Ministerio de Educación y con las Comunidades Autónomas para avanzar hacia un sistema educativo más inclusivo, capaz de responder a la diversidad y garantizar el derecho a la educación de todas las personas.