La organización Plena inclusión España
y la asociación Liber
dijeron en mayo de 2024
que hay una ley que está quitando apoyos
a personas con discapacidad intelectual.
La ley se llama Ley 8/2021.
Por esta ley, muchas personas
han perdido ayudas importantes.
Estas ayudas son económicas
y también son ayudas
para declarar impuestos.
Estas ayudas eran necesarias
para que las personas con discapacidad
y sus familias vivieran bien.
La Oficina del Defensor del Pueblo
ha dicho que esto es un problema grave
y ha pedido al Gobierno
que busque una solución.
¿Qué está pasando?
La Ley 8/2021 cambió
el sistema de protección
para personas con discapacidad.
Antes, muchas personas
estaban bajo tutela.
Eso significa que otra persona
decidía por ellas.
La ley nueva quiere
que las personas con discapacidad
puedan tomar decisiones
con el apoyo que necesiten.
Pero este cambio ha provocado
otro problema:
- Algunas personas
ya no tienen una tutela
reconocida por la ley. - Por eso, Hacienda y la Seguridad Social
han dejado de darles
ciertas ayudas. - Esto hace que estén
menos protegidas que antes.
¿Qué ha hecho el Defensor del Pueblo?
La Oficina del Defensor del Pueblo
ha dicho que es muy importante
cambiar algunas leyes, como:
- La Ley General de la Seguridad Social.
- La Ley del Impuesto sobre la Renta.
Estas leyes deben adaptarse
para que las personas con discapacidad
no pierdan derechos.
El Defensor del Pueblo
le ha dicho esto al Ministerio
de la Presidencia y Justicia.
Este ministerio puede ayudar
a que todos los departamentos del Gobierno
se pongan de acuerdo
y busquen una solución.
¿Qué dice Plena inclusión?
Carmen Laucirica
es la presidenta de Plena inclusión España.
Ella dice que esta ley
quería ampliar derechos,
pero que ha terminado quitando ayudas
muy necesarias para muchas personas.
¿Qué dicen los otros ministerios?
- Hacienda y Seguridad Social
dijeron en enero de 2025
que no quieren hacer cambios. - En cambio, el Ministerio de Derechos Sociales
sí quiere buscar una solución.
Este ministerio propone
que se reconozcan las ayudas
a todas las personas
que necesitan apoyos,
aunque ya no tengan tutela.
Así se evitaría
que las personas pierdan sus derechos
por culpa de un cambio
en el tipo de apoyo.
Este contenido está en lectura fácil.El Defensor del Pueblo escucha la reclamación de Plena inclusión y pide al Gobierno soluciones ante el recorte de apoyos a personas con discapacidad intelectual y sus familias
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- La Confederación estatal y la asociación Liber denunciaron en 2024 que la Ley 8/2021 genera una pérdida de protección para personas con discapacidad intelectual que demandan determinadas figuras de apoyo
- Ante la negativa de Hacienda y Seguridad Social a seguir las recomendaciones de la Oficina del Defensor, el organismo pide la intercesión del Ministerio de la Presidencia y Justicia
Tras la queja presentada en mayo de 2024 por Plena inclusión España y la asociación Liber, la Oficina del Defensor del Pueblo ha decidido elevar su actuación al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. El objetivo es resolver el bloqueo interministerial que está perjudicando la protección social y fiscal de personas con discapacidad intelectual, tras la entrada en vigor de la Ley 8/2021.
Plena inclusión recuerda que la pérdida de apoyos económicos supone un grave problema para estas personas (muchas de ellas con grandes necesidades de apoyo) y sus familias, dado el sobrecoste económico que deben asumir con el fin de garantizar la calidad de vida de sus seres queridos con discapacidad. Este es uno de los efectos colaterales que ha generado esta norma.
EL ORIGEN DEL CONFLICTO
La reforma introducida por la Ley 8/2021 buscaba fomentar la autonomía de las personas con discapacidad sustituyendo la tutela por sistemas de apoyo que tengan en consideración las decisiones y preferencias de las personas con discapacidad. Sin embargo, este cambio normativo ha generado efecto colateral por el que, por ejemplo, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social han dejado de reconocer ciertos beneficios y deducciones a quienes ya no están bajo una «incapacitación judicial» técnica, mermando su protección en comparación con el escenario previo a 2021.
En respuesta a la queja de organizaciones con Plena inclusión o Liber, la Oficina del Defensor del Pueblo recomendó revisar con urgencia la Ley General de la Seguridad Social y la Ley del IRPF para mantener la efectividad de la protección social y fiscal en términos equivalentes a los anteriores.
Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión España explica la importancia de esta acción de incidencia ante el Gobierno: “Tratamos de evitar que la reforma legal que trae la Ley 8/21, que fue diseñada para ampliar derechos, acabe convirtiéndose paradójicamente en una herramienta que recorte la protección económica y social de las personas con discapacidad y sus familias”.
SILENCIO INSTITUCIONAL
A pesar de la recomendación de la Oficina del Defensor del Pueblo, las Secretarías de Estado de Hacienda y de Seguridad Social y Pensiones respondieron negativamente en enero de 2025, rechazando los ajustes necesarios para proteger al colectivo.
Por el contrario, la Secretaría de Estado de Derechos Sociales propone, en una respuesta reciente, que la asimilación de beneficios se extienda no solo a las curatelas representativas sino también a las curatelas ordinarias. Según este departamento, la medida sería la única forma de garantizar una cobertura real y evitar que las personas con discapacidad pierdan derechos consolidados por el simple hecho de haber actualizado su régimen de apoyos.
Por último y ante la falta de acuerdo entre los distintos departamentos ministeriales, la Oficina del Defensor del Pueblo ha iniciado una nueva vía de mediación dirigida al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.