Hoy, 8 personas de la Plataforma Estatal
de Representantes de Personas
con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo
de Plena inclusión España,
se han reunido con el ministro
de Derechos Sociales,
Pablo Bustinduy.
Estas personas, junto con representantes
de Plena inclusión España,
han hablado con el ministro
de las nuevas leyes de Dependencia y Discapacidad.
Necesitan que estas leyes
ayuden a las personas
con discapacidad intelectual
a vivir mejor.
En la reunión también estuvieron
Carmen Laucirica,
presidenta de Plena inclusión España,
Maribel Cáceres, vicepresidenta,
y Enrique Galván, director de la confederación.
Al final, Maribel Cáceres dijo:
“Las nuevas leyes son importantes.
Pero necesitamos dinero
para que realmente ayude
a las personas con discapacidad intelectual
y a sus familias.
Esperamos que nos apoyen
para poder vivir con dignidad”.
Maribel también recordó
que en España hay más de 400.000 personas
con discapacidad intelectual.
Y que muchas de ellas
no tienen trabajo.
8 de cada 10 personas
con discapacidad intelectual
no tienen empleo.
Las personas con discapacidad intelectual
le dijeron al ministro 5 cosas
que quieren cambiar
en las nuevas leyes:
- Derecho a estudiar:
Todos los niños y niñas con discapacidad
deben poder estudiar
en las mismas escuelas que los demás.
Con los apoyos que necesiten. - Empleo personalizado:
Las personas con discapacidad
que tienen más dificultades
deben tener trabajos adaptados
a sus necesidades. - Tomar decisiones sobre su vida:
Las personas con discapacidad
deben poder decidir sobre su vida.
Pueden recibir apoyo si lo necesitan. - Vivienda y vida independiente:
Las personas con discapacidad
deben poder elegir dónde, cómo
y con quién quieren vivir.
Los servicios de apoyo
deben ser viviendas
para que puedan vivir
de forma independiente. - Asistencia personal:
Las personas con discapacidad
deben tener un servicio de asistencia personal.
Así podrán vivir como elijan,
en su ciudad o pueblo.
Esto ayudará a crear
una sociedad más inclusiva.
Dinero para que las leyes funcionen
La Plataforma también habló
de que hace falta dinero
para que las leyes realmente
ayuden a las personas.
Muchas asociaciones que apoyan
a las personas con discapacidad
tienen problemas económicos.
Este encuentro ocurre poco antes
de que comiencen a tramitarse
en el Congreso las leyes
de Derechos de las personas con Discapacidad
y de Dependencia.
Plena inclusión España presentó
73 propuestas
para cambiar las leyes.
Aceptaron 27.
Este contenido está en lectura fácil.Las personas con discapacidad intelectual se reúnen con el ministro de Derechos Sociales para exigir que las leyes de Dependencia y Discapacidad contribuyan a su plena ciudadanía
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• Ocho miembros de la Plataforma Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo plantean a Pablo Bustinduy sus reivindicaciones frente a una reforma legislativa muy esperada
Ocho miembros de la Plataforma Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo, impulsada por Plena inclusión España, se han reunido hoy con el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, para recordarle las reivindicaciones que mantiene este colectivo de cara a la inminente reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad.
En el encuentro, también han estado presentes Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión España; Maribel Cáceres, vicepresidenta de Plena inclusión y miembro de la Plataforma Estatal; y Enrique Galván, director de la confederación.
Al finalizar la reunión, Maribel Cáceres ha declarado: “Las nuevas leyes son un paso muy importante, pero necesitamos que cuenten con los recursos necesarios para que supongan un cambio real para las vidas de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias. Confiamos en que logremos apoyos suficientes para vivir con dignidad”. La vicepresidenta de Plena inclusión España recordó que en nuestro país viven más de 400.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, y que derechos como el acceso al empleo (8 de cada 10 personas con discapacidad intelectual no tienen un trabajo remunerado), siguen señalando un largo camino que todavía queda por recorrer para que acceden a una ciudadanía plena.
Las personas con discapacidad intelectual, a través de la Plataforma Estatal de Representantes, le han planteado al ministro Bustinduy 5 reivindicaciones que deberían contemplarse en las nuevas normas:
• El reconocimiento del derecho para todos los niños y niñas con discapacidad de educarse en los mismos colegios que el resto del alumnado, pero siempre que cuenten con los apoyos necesarios.
• Que se reconozca el empleo personalizado como otra modalidad más de apoyo al empleo de las personas con discapacidad. Sobre todo, para las personas con más dificultades para encontrar su espacio laboral.
• Contemplar la libre elección y la capacidad de control sobre las decisiones que afectan a las vidas de las personas con discapacidad, con apoyos, si son necesarios.
• Garantizar que las personas con discapacidad puedan elegir dónde, cómo y con quien quieren vivir. Y eso se debe hacer transformando el servicio de cuidados y apoyos en viviendas para asegurar que sean independientes y desarrollen su proyecto de vida.
• Que exista el compromiso, en el plazo máximo de un año, de regular un servicio o prestación esencial la asistencia personal, para que las personas con discapacidad puedan tener una vida elegida, conectada con su ciudad o pueblo, y que colabore a construir una sociedad más inclusiva.
GARANTÍA PRESUPUESTARIA
La representación de la Plataforma Estatal de Plena inclusión valoró que el proyecto incluya la compatibilidad entre el trabajo y la percepción de una prestación, pero también recordó al ministro los graves problemas de sostenibilidad económica que sufren cientos de asociaciones que les apoyan. El Sistema de Dependencia y las propuestas que recoge la reforma legislativa deben estar acompañadas de financiación que las haga posible, se dijo.
Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión España explicó al ministro que en las enmiendas presentadas por la confederación que apoya a más de 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y a sus familias, «se recoge la petición de revisión de un artículo de la Ley 2/2015, de modo que se contemple un ajuste anual de lo que abonan las Administraciones públicas a las entidades que prestan servicios concertados incluidos dentro del Sistema de Dependencia».
Por último, la presidenta de Plena inclusión España hizo entrega al ministro del informe ‘Ampliación y justificación de patologías de alta complejidad susceptibles de inclusión en el Grado III+ de dependencia’, que supone una propuesta innovadora de Plena inclusión España por su conexión con recientes decisiones tomadas por el Gobierno respecto a este asunto.
El encuentro se produce a pocos días del inicio de la tramitación, en el Congreso de los Diputados, de los anteproyectos de la Ley de Derechos de las personas con Discapacidad, y de la Ley de Dependencia. Plena inclusión España presentó 73 propuestas de modificación de ambas normas de las que se aceptaron 27, que se incorporaron en los borradores finales.