La asistencia personal es un derecho
muy importante para
las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo.
Gracias a este apoyo profesional
e individualizado, muchas personas
pueden optar por una vida
independiente integrada
en su barrio o en su pueblo.
La Convención de la ONU
sobre Derechos de las Personas
con Discapacidad reconoce
el derecho a una vida independiente
y recomienda a las administraciones
públicas a que apoyen esta figura.
Plena inclusión demanda a las
administraciones públicas
que entiendan el valor
transformador de la
asistencia personal y que
ponga los recursos para
financiarla en el marco
de la Ley de Dependencia.
Este contenido está en lectura fácil.La campaña #ConTuApoyoYoElijo promueve la asistencia personal
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- Solo el 0,56% de las personas con discapacidad que reciben prestación de Dependencia disfrutan de este servicio fundamental en el apoyo a tareas cotidianas
- La confederación que agrupa a 935 asociaciones lanza una campaña en redes sociales que pide a las administraciones públicas que se comprometan en la financiación de este proyecto
A miles de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo les cambiaría la vida si contaran con una asistente personal. Así lo constatan los resultados del proyecto piloto que asociaciones de Plena inclusión llevan a cabo gracias en 15 comunidades autónomas. Sin embargo, de acuerdo con datos de abril de 2021 facilitados por el Gobierno, solo el 0,56% de las personas con discapacidad que reciben la prestación de Dependencia disfrutan de este servicio.
Esta experiencia facilita, mediante apoyos puntuales, la vida independiente de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. La asistencia personal es un recurso profesional que provee de apoyos puntuales demandados por las personas con discapacidad. Gracias a este servicio individualizado, las personas pueden tomar decisiones sobre su día a día para vivirlo con mayor dignidad, como el resto de la ciudadanía, desde la aspiración legítima a una vida independiente.
Plena inclusión recuerda que la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de Personas con Discapacidad reconoce en su articulado que la vida independiente es un derecho fundamental y que los Estados firmantes (España la suscribió en 2008) deberían tomar las medidas necesarias para asegurarla. “Todas las personas con discapacidad tienen derecho a vivir la vida que elijan y a recibir los apoyos necesarios”, explica Silvia Muñoz, coordinadora de Asistencia Personal de Plena inclusión. En este proyecto piloto, que se inició en 2018, participan 15 de las 19 federaciones territoriales de Plena inclusión. Esta confederación defiende, a través de 935 asociaciones, los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo (síndrome de Down, autismo y parálisis cerebral).
Laura Manzano, miembro de la Red de líderes con discapacidad intelectual de Plena inclusión defiende su necesidad: “Yo pienso que sería muy importante poder contar con un asistente personal. Pienso esto porque su figura serviría para muchas cosas. Sobre todo, serviría para que las personas con discapacidad intelectual podamos tener independencia, que es una de las cosas que queremos conseguir”.
Desde Plena inclusión se ha lanzado una campaña en redes sociales que recuerda que la asistencia personal es un servicio que debe financiarse adecuadamente desde los poderes públicos tal y como afirma la Ley de Dependencia y autonomía Personal, aprobada en 2006, y que sigue sin desarrollarse en apartados como este.