Plena inclusión reclama a las administraciones públicas y a las empresas un mayor compromiso con el derecho a la accesibilidad cognitiva

Plena inclusión Aragón, evaluando la accesibilidad cognitiva de un acto de las Fiestas del Pilar de 2024.

¿Por qué hacemos esta petición?

Ha empezado a aplicarse una nueva norma de la Unión Europea.
Se llama Acta Europea de Accesibilidad.
Esta norma dice que todas las personas
tenemos derecho a entender lo que nos rodea.

La accesibilidad cognitiva es un derecho.
Es decir, todas las personas tenemos derecho
a que los entornos, productos y servicios
sean fáciles de entender y de usar.

Este derecho ya está escrito en las leyes.
Pero para que se cumpla de verdad
necesitamos el compromiso de:

  • Las administraciones públicas.
  • Las empresas.

¿Qué pedimos desde Plena inclusión?

Desde Plena inclusión pedimos que:

  • Las administraciones públicas.
  • Las empresas.

apliquen la accesibilidad cognitiva
en todo lo que hacen y ofrecen.

Esto significa que la información,
los productos y los servicios
deben ser fáciles de entender
para todas las personas.

¿Qué dice el Acta Europea de Accesibilidad?

El Acta dice que algunos productos y servicios
deben ser accesibles.
Por ejemplo:

  • Páginas web.
  • Aplicaciones del móvil.
  • Cajeros automáticos.
  • Plataformas de comercio en internet.
  • Servicios de transporte.

Algunas de estas cosas ya tienen que ser accesibles.
Otras tienen 5 años para adaptarse.
Por ejemplo, los cajeros automáticos.

Buenas prácticas

Desde Plena inclusión llevamos muchos años
trabajando para que se respete este derecho.

Hemos trabajado con:

  • Administraciones públicas.
  • Empresas privadas.

Hemos hecho proyectos de accesibilidad cognitiva
en sitios como:

  • El transporte público.
  • Las oficinas de los bancos.

Por ejemplo:

  • Evaluamos la accesibilidad cognitiva de 10 líneas de autobuses.
  • Trabajamos con bancos para que sus productos
    sean más fáciles de entender.

¿Por qué es importante?

La accesibilidad cognitiva es un “derecho llave”.
Esto significa que si se cumple,
ayuda a cumplir otros derechos.
Por ejemplo:

  • Tener un empleo.
  • Estudiar.
  • Disfrutar del tiempo libre.
  • Participar en la sociedad.

Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión, dice:

“La accesibilidad cognitiva no es un lujo.
Es un derecho que ya está en las leyes.
Además, es un derecho que beneficia a todas las personas”.

Plena inclusión reclama a las administraciones públicas y a las empresas un mayor compromiso con el derecho a la accesibilidad cognitiva

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  • La entrada en vigor del Acta Europea de Accesibilidad refuerza el marco legal que reconoce este derecho fundamental, aunque resulta imprescindible el compromiso real de administraciones y empresas para hacerlo efectivo.
  • La extensión de la accesibilidad cognitiva como derecho irrenunciable exige de voluntad política, recursos suficientes y la colaboración activa de todos los sectores implicados para aplicarla en entornos, productos y servicios comprensibles y utilizables por todas las personas.

La entrada en vigor del Acta Europea de Accesibilidad, que transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2019/882 de la Unión Europea, marca un nuevo hito en el reconocimiento legal de la accesibilidad universal, lo que incluye a la accesibilidad cognitiva como un derecho irrenunciable para todas las personas.

Desde Plena inclusión España, confederación que agrupa a más de 950 asociaciones de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias, aunque se valoran los avances legislativos logrados en los últimos años se advierte de lo que queda por hacer.

«Nos preocupa que el derecho a la accesibilidad cognitiva quede como una mera declaración de intenciones si no se acompaña de compromisos claros y efectivos por parte de las administraciones públicas y de las empresas», recuerda Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión España.

El Acta Europea de Accesibilidad establece algunos requisitos que deben cumplir un gran número de productos y servicios —como páginas web, aplicaciones móviles, terminales de pago, cajeros automáticos, servicios bancarios, plataformas de comercio electrónico, redes sociales o servicios de transporte— para que sean accesibles para todas las personas. Algunos de estos bienes y servicios ya deben cumplir con los nuevos estándares fijados por la directiva europea recién aprobada, como es el caso de las páginas web de reciente creación. No obstante, otros disponen de un plazo de adaptación de hasta cinco años, como es el caso de los terminales de autoservicio, incluidos cajeros automáticos.

CASOS DE ÉXITO
Plena inclusión lleva años defendiendo que la accesibilidad cognitiva es un “derecho llave”, porque al garantizarse se abre la puerta a otros derechos fundamentales como el empleo, la educación, el ocio o la participación.

En este empeño por extenderla, en la tarea por construir una sociedad más inclusiva, la confederación estatal que presta apoyo a más de 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, ha colaborado con administraciones públicas y con empresas privadas en proyectos que mejoran las condiciones de accesibilidad cognitiva que ya se plasmaron en la Ley 6/2022.

Dos ejemplos son estos proyectos que hacen referencia al transporte y al ámbito financiero:

  • Evaluación de la accesibilidad cognitiva de 10 líneas de buses interurbanos en otras tantas comunidades autónomas. Este proyecto se ha puesto en marcha en colaboración con servicios de transporte municipales.
  • Accesibilidad a productos financieros. Plena inclusión trabaja con la Asociación Española de la Banca y con otras entidades financieras en facilitar la comprensión, para todas las personas, de los productos bancarios.

Plena inclusión invita a acelerar la adaptación de estos productos y servicios, para que la accesibilidad cognitiva plena sea una realidad en el menor tiempo posible. Solo de este modo, recuerda, mejorará el día a día de estas personas y de otros cientos de miles con dificultades de comprensión.

“La accesibilidad cognitiva no es un lujo, sino un derecho que ha quedado claramente establecido en nuestro ordenamiento jurídico que, por otro lado, beneficia a todas las personas”, señala Carmen Laucirica, en referencia a la Directiva Europea de Accesibilidad.

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